Desafíos y Perspectivas del Sector de Apuestas Frente al Nuevo Gobierno
El Perú inició una nueva etapa política tras las elecciones generales de 2026.
Keiko Fujimori asumió la Presidencia de la República el 28 de julio de 2026 para el periodo 2026-2031, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara oficialmente los resultados de la segunda vuelta presidencial.
Con un nuevo Gobierno y un nuevo Parlamento, el sector de juegos de suerte y azar enfrenta ahora una etapa en la que será necesario consolidar los avances alcanzados durante los primeros años de regulación de las apuestas deportivas y los juegos en línea.
Pero también, es necesario corregir aquellos aspectos que todavía generan incertidumbre, costos adicionales y dificultades para las empresas que operan dentro del marco legal.
Durante el proceso electoral de 2026, se presentaron 35 candidaturas presidenciales y sus respectivos planes de gobierno.
Desde nuestra perspectiva, uno de los aspectos que más llamó nuestra atención fue la escasa presencia de la industria de juegos de suerte y azar dentro de las propuestas políticas.
A pesar de que el sector lleva más de dos décadas participando activamente en la economía nacional y que, en los últimos años, ha avanzado considerablemente en materia de formalización y regulación, continúa teniendo una presencia limitada dentro de la agenda política y económica del país.
Los Principales Desafíos del Sector
El Gobierno saliente dejó como uno de sus principales legados para el sector de apuestas deportivas y juegos en línea la implementación de la Ley 31557 y su modificatoria, la Ley 31806, normas que establecieron las bases para la formalización y regulación de esta actividad en el Perú.
Este proceso representó un avance importante, pero también generó nuevos desafíos. Entre ellos destaca la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las apuestas deportivas y juegos a distancia.
La industria del juego enfrenta desafíos tributarios que deberían ser revisados.
Desde la perspectiva de una parte importante de la industria, el ISC ha tenido un impacto directo sobre la rentabilidad de los operadores autorizados y puede generar incentivos que favorezcan la competencia del mercado ilegal.
Por ello, uno de los principales temas que el sector espera que sea revisado por las nuevas autoridades es el tratamiento tributario de la actividad.
Las expectativas de la industria frente al nuevo Gobierno pueden resumirse en tres grandes ejes.
1. Revisión del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
La industria considera necesario evaluar nuevamente su sustento técnico, económico y jurídico, así como sus efectos sobre la competitividad de las empresas formales y sobre el crecimiento del juego ilegal.
2. Exigencias Regulatorias y Administrativas
El segundo está relacionado con las exigencias regulatorias y administrativas, especialmente aquellas vinculadas con las cartas fianzas de garantía y las auditorías periódicas.
El objetivo debería ser encontrar un equilibrio entre la protección del Estado y de los usuarios y la necesidad de establecer obligaciones proporcionales que permitan a las empresas operar de manera eficiente y sostenible.
3. Políticas de Prevención
El tercer gran desafío es desarrollar una política integral de prevención del juego problemático, especialmente entre los segmentos más jóvenes de la población.
La regulación debe avanzar no solo en materia de control y fiscalización, sino también en educación, prevención y uso responsable de las plataformas digitales.
Dos Años de Regulación: ¿Cómo Evolucionó el Mercado?
A más de dos años de la implementación del marco regulatorio para las apuestas deportivas y juegos en línea, el mercado peruano ha experimentado una transformación importante.
El mercado peruano sigue evolucionando con nuevos hábitos de consumo.
Algunos datos compartidos por operadores y empresas vinculadas al sector muestran que Lima continúa concentrando aproximadamente el 50% de los jugadores del país, reflejando una importante concentración de la actividad económica en la capital.
En el canal retail, el efectivo continúa siendo el principal medio de pago, con una participación superior al 70%.
En el canal online, en cambio, las billeteras digitales han ganado protagonismo, con las apuestas con Yape entre las alternativas preferidas por los usuarios, seguido por las tarjetas de crédito y débito y otros métodos de pago digitales.
El comportamiento de los consumidores también ha provocado una evolución en las estrategias comerciales de los operadores.
Las campañas de marketing digital han permitido generar importantes volúmenes de tráfico, mientras que las estrategias de retención y fidelización se han vuelto cada vez más sofisticadas.
Actualmente, las compañías utilizan herramientas de CRM que consideran múltiples variables, como el comportamiento de los depósitos, frecuencia de juego, promociones, fechas de cumpleaños y otros patrones de consumo.
Sin embargo, todavía existen retos importantes relacionados con el registro y el proceso de conocimiento del cliente (KYC).
La percepción de seguridad y confianza continúa siendo un factor relevante para determinados segmentos de usuarios, especialmente cuando deben proporcionar información personal y fotografías de documentos de identidad.
En un contexto marcado por el incremento de la inseguridad ciudadana, convencer a los usuarios de que sus datos estarán protegidos constituye uno de los desafíos que la industria deberá seguir enfrentando.
Un Mercado Atractivo, pero Más Competitivo
La rentabilidad de las compañías no es homogénea y depende, entre otros factores, del tamaño, posicionamiento y estrategia de cada operador dentro del mercado nacional.
Sin embargo, existe un punto de coincidencia entre buena parte de los actores de la industria: la necesidad de revisar el impacto que tiene el ISC sobre las operaciones formales.
Durante los últimos años, representantes del sector han planteado esta preocupación ante distintas autoridades e instancias.
Con el inicio de un nuevo periodo gubernamental, existe una nueva oportunidad para abrir un diálogo técnico entre el Estado y la industria y evaluar si el actual esquema tributario cumple realmente con los objetivos para los que fue establecido.
El desafío no debería limitarse únicamente a determinar cuánto tributa el sector, sino a construir un modelo que permita mantener una industria formal, competitiva y sostenible, al mismo tiempo que se combata eficazmente el mercado ilegal y se proteja a los usuarios.
El mercado peruano continúa siendo atractivo para los operadores nacionales e internacionales y forma parte de los principales mercados de América Latina.
Esto representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones, generar empleo especializado, desarrollar tecnología y fortalecer una industria que todavía tiene espacio para crecer.
Comentarios Finales
Con un nuevo Gobierno y un nuevo Parlamento, el sector tiene la oportunidad de plantear una agenda de trabajo de largo plazo.
El Gobierno actual abre una nueva oportunidad para fortalecer la regulación del sector.
La prioridad debería ser consolidar el proceso de formalización iniciado en los últimos años y avanzar hacia una regulación que combine fiscalización, competitividad, protección al consumidor y prevención del juego problemático.
Para lograrlo será fundamental que exista un diálogo permanente entre las autoridades, los operadores, proveedores tecnológicos, asociaciones y demás actores vinculados a la industria.
El objetivo final debería ser construir un mercado regulado que sea atractivo para la inversión, genere ingresos para el Estado, reduzca los espacios para el juego ilegal y garantice condiciones adecuadas para los usuarios.
Desde mi perspectiva, el inicio del periodo 2026-2031 representa una oportunidad para que la industria deje de ser invisible dentro de la agenda económica nacional y pase a formar parte de una discusión más amplia sobre inversión, innovación, tecnología, empleo y recaudación.
El mercado peruano ya demostró que existe demanda y capacidad para desarrollar una industria formal de juegos de suerte y azar.
El siguiente paso será determinar cómo aprovechar ese potencial dentro de un marco regulatorio eficiente y sostenible.
