Perú: el Lavado de Dinero con Apuestas Ilegales Multiplica por Diez los Delitos Ambientales
Durante más de una década, el sector de las apuestas ilegales ocupó un lugar desproporcionado en el mapa del lavado de activos en el Perú.
Hoy, el panorama es radicalmente distinto: el país atraviesa una de las transformaciones regulatorias más profundas de la región en materia de juegos y apuestas online.
Según datos oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las operaciones sospechosas vinculadas a juegos y apuestas ilegales sumaron aproximadamente US$ 216 millones (S/ 728,6 millones) entre 2007 y 2018, último período para el cual el Estado peruano publicó una serie consolidada de este tipo de información.
Entre 2007 y 2018, las operaciones sospechosas ligadas a juegos y apuestas ilegales en Perú alcanzaron aproximadamente US$ 216 millones, según la UIF-Perú y la SBS.
Esta serie histórica corresponde a lo que las propias autoridades consideran la “época gris” del sector, cuando la mayoría de las plataformas operaba fuera de un marco normativo específico y con capacidad limitada de fiscalización.
La magnitud de esos montos ya resultaba alarmante en su momento, especialmente al compararse con otros delitos económicos monitoreados por el sistema financiero.
Entre 2014 y 2024, en un período de diez años comparable en extensión, aunque distinto en términos cronológicos, la extracción ilegal de madera acumuló US$ 136 millones, mientras que el tráfico de flora y fauna silvestre apenas alcanzó US$ 5 millones en reportes enviados a la UIF.
Incluso antes del boom digital, las apuestas ilegales ya superaban ampliamente a los delitos ambientales como canal de lavado de activos.
El Punto de Inflexión: del Diagnóstico a la Formalización
El escenario comenzó a cambiar con la explosión de las apuestas online y la respuesta institucional del Estado. A partir de la Ley N.º 31557, el Perú inició un proceso acelerado de formalización, que permitió transformar flujos antes opacos en dinero plenamente trazable.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), entre enero y noviembre de 2025, la recaudación por impuestos a juegos y apuestas a distancia alcanzó los S/ 419,5 millones (aproximadamente US$ 112 millones).
Solo el segmento de juegos digitales aportó S/ 91,4 millones en ese período, reflejando el impacto fiscal directo de la regulación del mercado online.
Este cambio no solo tuvo efectos tributarios, sino también en la capacidad de supervisión del sistema financiero.
Aunque la serie histórica detallada de operaciones sospechosas no fue actualizada bajo el mismo formato de 2007–2018, la UIF reportó un salto récord en el volumen de alertas.
A agosto de 2024, la UIF ya había recibido 16.306 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a nivel general, impulsados en gran parte por la incorporación de nuevos sujetos obligados, entre ellos las casas de apuestas online y los operadores de activos virtuales.
Nuevas reglas y control en tiempo real
El avance decisivo llegó en octubre de 2025, con la publicación de la Resolución SBS Nº 03622-2025, que estableció un marco específico de prevención de lavado de activos para el sector de apuestas online y endureció los mecanismos de control:
- Umbral de reporte: obligación de informar a la UIF cualquier operación, depósito o premio superior a US$ 2.500 (aprox. S/ 8.900);
- Plazo de alerta: envío de ROS en un máximo de 24 horas;
- Fiscalización directa: el MINCETUR pasó a contar con poder sancionador para verificar el cumplimiento de los protocolos antilavado.
Para mayo de 2025, el Estado ya había autorizado 60 plataformas bajo el nuevo marco legal, lo que permite que el 100% de sus transacciones sea auditable, un contraste absoluto con el período 2007–2018, cuando gran parte del mercado operaba fuera del radar oficial.
De la “Época gris” a un Modelo de Control Estructural
El caso peruano ilustra una transición clara: de un escenario dominado por operaciones sospechosas difíciles de rastrear, a un modelo basado en formalización, trazabilidad y fiscalización activa.
Los datos históricos siguen siendo relevantes no como una fotografía del presente, sino como evidencia del riesgo estructural que llevó al Estado a rediseñar por completo su estrategia frente al lavado de activos en el sector de apuestas.
